Impacta impulsa y promueve que la asignación de recursos estatales para problemáticas sociales esté estrechamente vinculada a la evaluación de sus resultados. Buscamos trasladar el foco que tradicionalmente los gobiernos han tenido en la ejecución y desarrollo de los programas, a la medición concreta y rigurosa de sus resultados. Es decir, al impacto de los programas en las personas.

Los Contrato de Impacto Social (CIS) son un mecanismo que conecta recursos públicos con resultados medidos y evaluados independientemente, donde el gobierno central, municipal y organismos relacionados sólo invierten recursos en la medida en que los programas cumplan los resultados propuestos.

En los CIS, los colaboradores del Estado desarrollan sus programas con el objetivo de alcanzar determinados resultados sociales, con financiamiento proporcionado por filántropos, inversionistas socialmente motivados, entidades de fomento u otros.

Un evaluador independiente, con experiencia y conocimiento en la materia, certifica los resultados obtenidos. El Estado, entonces, sólo paga por los resultados obtenidos y certificados. Los resultados permiten, además, contar con evidencia robusta para el desarrollo posterior de políticas y programas públicos.

  1. Un organismo público –central, municipal o entidades relacionadas-, con el apoyo de Fundación Impacta, define una problemática social y resultados esperados.

  2. Los colaboradores del Estado –fundaciones, start-ups, Empresas B u otros- obtienen financiamiento de filántropos, inversionistas socialmente motivados, entidades de fomento u otros para implementar un programa o intervención en la población vulnerable.

  3. Un evaluador independiente acredita la obtención de resultados esperados.

  4. El organismo público paga al colaborador sólo por los resultados obtenidos.

  5. Si hay resultados, el colaborador del Estado devuelve los recursos. Si no, los filántropos, inversionistas socialmente motivados, entidades de fomento u otros asumen la pérdida.

Soluciones para problemáticas sociales complejas.

Se ha probado que los CIS son un mecanismo que permite solucionar problemáticas sociales que históricamente han tenido alta inversión pública y resultados deficientes.

 

Mayor impacto social.

Los CIS tiene ciertas características que permiten desarrollar programas con mejores resultados y mayor impacto social.

 

Evidencia para políticas públicas

Los CIS contienen una rigurosa evaluación de impacto y sus resultados, tanto positivos como negativos, son públicos, lo que permite contar con evidencia robusta y relevante para la construcción de políticas públicas y programas sociales.

 

Sustancial ahorro de recursos públicos.

Bajo los CIS, el Estado sólo paga por resultados, obteniéndose así un ahorro importante de recursos públicos.

 

Más recursos y mejor gestión para colaboradores del Estado

Los colaboradores del Estado –fundaciones, start-ups, Empresas B u otros- reciben fondos para la ejecución de programas públicos, sin las restricciones propias del financiamiento estatal, pudiendo así desarrollar proyectos con mayor flexibilidad y alcanzar mejores resultados.

Impacta impulsa y promueve que la asignación de recursos estatales para problemáticas sociales esté estrechamente vinculada a la evaluación de sus resultados. Buscamos trasladar el foco que tradicionalmente los gobiernos han tenido en la ejecución y desarrollo de los programas, a la medición concreta y rigurosa de sus resultados. Es decir, al impacto de los programas en las personas.

Los Contrato de Impacto Social (CIS) son un mecanismo que conecta recursos públicos con resultados medidos y evaluados independientemente, donde el gobierno central, municipal y organismos relacionados sólo invierten recursos en la medida en que los programas cumplan los resultados propuestos.

En los CIS, los colaboradores del Estado desarrollan sus programas con el objetivo de alcanzar determinados resultados sociales, con financiamiento proporcionado por filántropos, inversionistas socialmente motivados, entidades de fomento u otros.

Un evaluador independiente, con experiencia y conocimiento en la materia, certifica los resultados obtenidos. El Estado, entonces, sólo paga por los resultados obtenidos y certificados. Los resultados permiten, además, contar con evidencia robusta para el desarrollo posterior de políticas y programas públicos.

  1. Un organismo público –central, municipal o entidades relacionadas-, con el apoyo de Fundación Impacta, define una problemática social y resultados esperados.

  2. Los colaboradores del Estado –fundaciones, start-ups, Empresas B u otros- obtienen financiamiento de filántropos, inversionistas socialmente motivados, entidades de fomento u otros para implementar un programa o intervención en la población vulnerable.

  3. Un evaluador independiente acredita la obtención de resultados esperados.

  4. El organismo público paga al colaborador sólo por los resultados obtenidos.

  5. Si hay resultados, el colaborador del Estado devuelve los recursos. Si no, los filántropos, inversionistas socialmente motivados, entidades de fomento u otros asumen la pérdida.

Soluciones para
problemáticas sociales complejas.

Se ha probado que los CIS son un mecanismo que permite solucionar problemáticas sociales que históricamente han tenido alta inversión pública y resultados deficientes.

 

Mayor impacto social.

Los CIS tiene ciertas características que permiten desarrollar programas con mejores resultados y mayor impacto social.

 

Evidencia para políticas públicas

Los CIS contienen una rigurosa evaluación de impacto y sus resultados, tanto positivos como negativos, son públicos, lo que permite contar con evidencia robusta y relevante para la construcción de políticas públicas y programas sociales.

 

Sustancial ahorro de
recursos públicos.

Bajo los CIS, el Estado sólo paga por resultados, obteniéndose así un ahorro importante de recursos públicos.

 

Más recursos y mejor gestión para
colaboradores del Estado

Los colaboradores del Estado –fundaciones, start-ups, Empresas B u otros- reciben fondos para la ejecución de programas públicos, sin las restricciones propias del financiamiento estatal, pudiendo así desarrollar proyectos con mayor flexibilidad y alcanzar mejores resultados.